Entre 1980 y 2000, el #conflicto entre #Sendero_Luminoso y el #Estado_peruano se saldó con unas 70.000 #muertes y 22.295 #desapariciones. Se trata de los #abusos del #grupo_maoísta pero también del #ejército. El #cuartel de #Los_Cabitos, cerca de #Ayacucho, se ha convertido así en un #lugar_de_ejecución de presuntos “#terroristas”, cuyas #familias buscan desesperadamente los #cadáveres.
“Lo escucho en sueños, me dice que paso por delante de él sin verlo. Lo busqué por todas partes pensando que lo encontraría vivo, pero no sé nada de lo que le pasó. » Un viento seco y tenaz acompaña la voz tranquila de Adelina García Mendoza. Viaja lentamente a través del vasto terreno que fue un lugar de enterramiento clandestino para el ejército durante los años 1980.
Con gesto gentil, la elegante mujer de 63 años, con cabello largo y oscuro trenzado, señala una diminuta estela de tiza blanca plantada sobre un montículo de tierra cubierto de piedras, en la que está escrito “Zósimo Tenorio Prado”. El nombre de su marido. “Detenido el 1 de diciembre de 1983”. Debajo, esta inscripción: “Desaparecido hasta hoy”.
A su alrededor se alzan otras pequeñas estelas y cruces dispersas en el lugar de antiguas fosas comunes. Antiguamente el lugar sirvió como campo de entrenamiento de la base militar 51, más conocida como Los Cabitos, “los soldaditos”. “Un lugar siniestro donde los cuerpos fueron torturados y desaparecidos durante la era de la violencia”, explica modestamente Adelina García Mendoza, para evocar el conflicto armado interno que asoló Perú entre 1980 y 2000 y dejó cerca de 70.000 muertos y 22.295 desaparecidos, casi la mitad de ellos en la región de Ayacucho.
« Me hicieron parecer loco ».
El cuartel, en las afueras de la localidad de Ayacucho, enclavada en los Andes, en el sur del país, y epicentro del conflicto, fue centro neurálgico de operaciones del aparato militar en su lucha contra el grupo maoísta Sentier, que , en 1980, declaró la “guerra popular” al Estado. Los Cabitos se convirtió en un lugar de tortura, detención, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas de presuntos “terroristas”. Desde 1983, año en que el ejército fue desplegado en Ayacucho, hasta 1992, al menos 500 personas desaparecieron allí. Sólo se encontraron cien.
Hoy en día, el edificio todavía existe: bloques de hormigón, rodeados de hierba seca. En el terreno baldío contiguo a la instalación, flanqueado por el aeropuerto regional y plagado de casas modestas, decenas de trabajadores se apresuran a transformar el lugar en un “santuario de la memoria”. El Estado inició su construcción en 2022, a raíz de las solicitudes de familiares de desaparecidos para disponer de un lugar de contemplación. Se espera que abra en julio de 2024.
Adelina García Mendoza, cuyo marido fue detenido en 1983 y cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. Todas las fotografías fueron tomadas en Huamanga, en la región de Ayacucho, en agosto de 2023.
PAUL GAMBIN PARA M LE MAGAZINE DU MONDE
Fue una noche de diciembre de 1983 que arrestaron al marido de Adelina García Mendoza. Sentada en el patio de su casa, entre geranios y buganvillas, recuerda vívidamente los golpes en la puerta que los sorprendieron a la hora de dormir. La pareja acaba de completar un pedido en el taller de carpintería metálica de la casa. En ese momento, Zósimo Tenorio Prado, quien había realizado cursos en la universidad para convertirse en ingeniero agrónomo, había decidido suspender sus estudios.
La Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho) era entonces un “foco de agitación”, comenta Adelina García Mendoza, porque algunos de los estudiantes y profesores suscribían las tesis maoístas de Sendero Luminoso: Abimael Guzmán, el líder del movimiento, Allí era profesor de filosofía. Recuerda a los aproximadamente quince soldados y policías encapuchados que irrumpieron en la casa gritando “¡Terrucos! » – término para designar a los terroristas –, antes de quitarle brutalmente a su marido, delante de su hija de 1 año que lloraba. También recuerda la camisa azul con lunares blancos que llevaba, sus zapatos de cuero, su chaqueta beige.
Adelina García Mendoza se aposta, varios días seguidos, frente a la sede de Los Cabitos para recibir noticias de su marido. Ningún Zósimo Tenorio Prado en las listas, dicen los militares. « Me hicieron parecer loca », dice. Comienza una larga búsqueda. Ella busca incansablemente. “En los barrancos, donde cada día aparecían cadáveres. Entre la basura, los vertederos, alrededor del cuartel… Su cuerpo nunca fue encontrado. Quizás fue enterrado aquí, quemado o arrojado más lejos…”
Existencia de crematorios
Hubo que esperar hasta la década de 2000, que marcó el fin del conflicto armado, y las conclusiones, en 2003, de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), así como un libro-investigación, en 2004, del periodista Ricardo Uceda, Muerte en el Pentagonito, por lo que la fiscalía peruana ordena la apertura de una investigación y allanamientos en el campamento de Los Cabitos. Después de seis años de investigación, se desenterraron 109 restos humanos en fosas comunes.
En las obras del Santuario de la Memoria, cuya construcción debería finalizar en julio de 2024.
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Las excavaciones también revelan la existencia de hornos crematorios “destinados a ocultar las huellas de la ejecución”, indica Adelina García Mendoza. Según los informes, allí fueron incineradas al menos 300 personas. Según informes, otros detenidos fueron trasladados a distintas bases militares, a veces en helicóptero, y luego arrojados al vacío. “Hasta que no sepa dónde está, no estaré tranquilo. El duelo es imposible”, concluye tristemente la viuda. Ella comparte esta terrible experiencia con miles de familias. En Perú, las cifras oficiales muestran casi quince veces más desapariciones que bajo la dictadura chilena (1973-1990).
En 1983, Ayacucho estaba sumida en la oscuridad y el miedo. Los cortes de energía son diarios. Los insurgentes atacan las torres de alta tensión y siembran el terror. Los coches bomba explotan. Se encuentran cadáveres en la calle. Los integrantes de Sendero Luminoso se levantan contra las desigualdades y la extrema pobreza que corroe al país, particularmente al campo, manifestándose con extrema violencia. A cambio, la represión recae sobre la población civil.
El Estado justifica la violencia.
La región de Ayacucho es declarada en estado de emergencia. Desembarcaron cerca de mil soldados al mando de Clemente Noel, líder político-militar de la zona. La caza de “terroristas” ha comenzado. La contrainsurgencia contra el “enemigo interno” va a ser sangrienta. Cualquier persona sospechosa de simpatizar con los grupos insurgentes está sujeta a interrogatorios, torturas y ejecuciones. En el campo, los agricultores están atrapados en el fuego cruzado.
Se perpetran masacres en ambos lados. La CVR dice que casi el 80 por ciento de las víctimas son de zonas rurales y el 75 por ciento son hablantes indígenas. Los campesinos huyen a los centros urbanos. En la ciudad, los líderes vecinales, los sindicatos y los estudiantes con afinidades políticas de izquierda son especialmente atacados. Los menores no se salvan.
Si también lo utilizan grupos paramilitares, autodefensas civiles y Sendero Luminoso, el Estado utiliza la desaparición forzada como arma de lucha antisubversiva. Una “práctica sistemática”, concluyó la CVR, llevada a cabo tanto por los gobiernos democráticos de Fernando Belaúnde Terry (1980-1985) y Alan García (1985-1990) como por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000). El Estado justifica la violencia. “En la guerra no hay derechos humanos”, dijo el general Luis Federico Cisneros Vizquerra, Ministro de Guerra, en septiembre de 1984.
El 35% eran menores de 18 años.
En el centro de la ciudad de Ayacucho, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep) es hoy un refugio para familias en busca de la verdad. En el patio del antiguo edificio de dos pisos, fotografías de los desaparecidos cubren las paredes. Llaman la atención los rostros en su juventud: hombres, sobre todo, mujeres y también niños. En las fosas clandestinas de Los Cabitos, el 35% eran menores de 18 años. Arriba, un pequeño museo reproduce un calabozo y una fosa común. En las paredes cuelgan ropas rotas, algunas manchadas de sangre, zapatos y algunas pertenencias.
Sentada en el salón de recepción, Juana Carrión Jaules, con una dulce sonrisa y un rostro enmarcado por finos aretes, cuenta la historia de sus dos hermanos desaparecidos tras ser detenidos en Los Cabitos, uno en 1984, en 1989 para el otro. La altiva mujer saca dos pequeñas fotos de su cartera de plástico que guarda cuidadosamente consigo. En uno, en blanco y negro, su hermano menor, Ricardo, con pantalones de campana y guitarra en mano.
y amplia sonrisa. “Fue tomada en un viaje desde su universidad”, comenta. Del otro, a color, Teófilo, con camisa de cuadros, posa en un soleado jardín. Ambos tenían 28 años en el momento de su detención.
Juana Carrón Jaules con una fotografía de sus hermanos desaparecidos, Ricardo y Teófilo, detenidos en el cuartel de Los Cabitos en 1984 y 1989, respectivamente.
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Ricardo Carrión Jaules, artesano, fue detenido a plena luz del día en Ayacucho, durante una batida de las fuerzas armadas, el 26 de julio de 1984, mientras transportaba paquetes para ser enviados a Lima, a 500 kilómetros de distancia. Detenido en el centro de Los Cabitos, desapareció dejando a dos huérfanos de 2 y 4 años. En 1989, le tocó “desaparecer” a su hermano Teófilo. Detenido en su domicilio, al parecer también lo llevaron al cuartel y lo torturaron cruelmente. “Ya no podía caminar”, dice Juana Carrión Jaules. Tenía la pierna rota y el brazo torcido. Lo colgaron de una cuerda. » La escena le fue informada por un compañero de celda que fue puesto en libertad. “Me dijo: ‘Nos lo estaban mostrando como ejemplo, para asustar a los demás internos’”. « Hablar ! nos dijeron, sino terminaréis como él”. »
“Muchos jóvenes detenidos y torturados por los militares tuvieron que dar nombres para salvar el pellejo. Pronunciaban las que se les ocurrían”, esboza tímidamente Juana Carrión Jaules. Durante las sesiones de tortura, se decía que los jóvenes se desmoronaban más rápidamente. “Los adolescentes de 14, 15, 16 o 17 años hablan rápido”, dijo a la CVR Pedro Edgar Paz Avendaño, jefe de inteligencia en Ayacucho. Los padres de Juana Carrión Jaules son ancianos y están demasiado angustiados por la desaparición de sus hijos, por lo que es ella quien lidera la búsqueda. En 2010 los restos del cuerpo de Ricardo fueron exhumados en el cementerio clandestino de Los Cabitos. Su otro hermano nunca fue encontrado.
Clima de impunidad
“¿Dónde buscar a los desaparecidos y cómo? », preguntan a estas madres, a estas esposas, a estas hermanas sumidas en la angustia. En medio del conflicto armado, se topan con el silencio de los militares y del Estado. La inseguridad reinante hace que sus búsquedas sean peligrosas. La búsqueda es aún más difícil porque estas mujeres, a menudo de origen obrero y que hablan principalmente quechua, rara vez son escuchadas. Al no obtener nada de forma aislada, deciden organizarse.
Así nació Anfasep en 1983, bajo la égida de “Mamá Angélica”, Angélica Mendoza, cuyo hijo desapareció en Los Cabitos. Juntas, las mujeres obtienen información de ex soldados y prisioneros liberados. Surgen topónimos: Puracuti, Infiernillo, Huatatas, a pocos kilómetros de Los Cabitos. “Basureros” donde acuden a buscar a sus desaparecidos.
Lidia Flores, actual presidenta de Anfasep, recuerda que, desde mediados de los 80, surgieron sospechas de cadáveres enterrados y cremados detrás de las rejas de Los Cabitos. “Los vecinos nos dijeron que vieron salir humo del cuartel. Mamá Angélica dijo: “Los están matando y tapando las huellas”. Pero nadie nos creyó. Nos dijeron que los soldados estaban quemando basura o fabricando ladrillos. Cuando los fiscales interrogaron a los generales, estos, por supuesto, lo negaron y el caso se cerró. »
Lidia Flores, presidenta de la asociación de familiares de desaparecidos. PAUL GAMBIN PARA LE MAGAZINE DU MONDE
En la década de 1980, se alentó encarecidamente a los fiscales a abandonar las investigaciones. El 5 de abril de 1992, el presidente Alberto Fujimori declaró el estado de emergencia, disolvió el Congreso y tomó el control del poder judicial y otras instituciones, estableciendo un régimen autoritario (en 2009, fue sentenciado a veinticinco años de prisión). lesa humanidad y siete años por corrupción y malversación de dinero público). En septiembre de 1992, Abimael Guzmán fue capturado en Lima (condenado a cadena perpetua, murió en prisión en 2021, a los 86 años). En 1995 se aprobó una ley de amnistía para las fuerzas armadas y policiales. Reina un clima de impunidad.
“El Ministerio de Defensa no colabora”
El fin del conflicto armado en 2000 marcó el inicio de los procedimientos judiciales. Pero el lento ritmo de la investigación es una nueva forma de violencia para las familias. Una inercia que tendría mucho que ver con “falta de voluntad política”, afirma un magistrado cercano al caso. Nos recibe en su casa. Un gran escritorio se encuentra frente a una estantería repleta de libros sobre el período del conflicto armado. Las luces pálidas y el mobiliario austero contrastan con su afabilidad. “Tenemos pocos recursos disponibles. Al ritmo que vamos, se necesitarían décadas para encontrar parte de los cuerpos y decenas más para identificarlos. »
Perú se ha dotado de herramientas legislativas para avanzar en la investigación, en particular la ley de 2016 relativa a la búsqueda de personas desaparecidas entre 1980 y 2000. Su prioridad es encontrar los restos, devolverlos a las familias y ayudarles a enterrarlas dignamente, sin necesidad de presentar una denuncia. . Pero el equipo encargado de implementarlo sólo cuenta con treinta y cinco personas y sus recursos son muy limitados. Al día de hoy, sólo quince cadáveres encontrados en Los Cabitos han sido identificados y devueltos a sus familiares. A nivel nacional, más de mil restos humanos duermen en las instalaciones del instituto de medicina legal, a la espera de ser identificados.
Sólo el 4% de las personas desaparecidas han sido identificadas. El magistrado no oculta su consternación: “Desafortunadamente, en Perú, los responsables de violaciones de derechos humanos todavía se benefician de protecciones en ciertos sectores políticos y económicos, lo que contribuye a que la justicia no avance. Los militares siguen negándose a proporcionar cierta información a la fiscalía. El Ministerio de Defensa no colabora, so pretexto de que la información es reservada. »
“Visión negacionista de la historia”
La antropóloga Valérie Robin Azevedo, que ha trabajado durante más de veinte años en conflictos armados y enseña en la Universidad Paris Cité, comparte este pesimismo. “Hoy busca afirmarse una visión negacionista de la historia, liderada por conservadores cercanos a las fuerzas armadas, presentes en el Congreso peruano. Existe el deseo de reescribir la historia, de explotar el pasado, apoyando la idea de una memoria salvadora de las fuerzas armadas. No se trata de limpiar a Sendero Luminoso, que, según la CVR, es responsable del 54% de las muertes, pero esto no debería ser un pretexto para silenciar violaciones masivas de derechos humanos, que equivalen a terrorismo de Estado que no dice su palabra. nombre. »
Alrededor de veinte años después de la apertura de procesos judiciales contra los autores de crímenes cometidos por las fuerzas armadas, pocos juicios han resultado. Unos diez terminaron con la condena de los militares, con penas que van de ocho a treinta años de prisión, pero muchos de ellos huyeron, algunos al extranjero, mientras otros viven escondidos en algún lugar del país, beneficiándose de probables protecciones.
Fotos de personas desaparecidas colgadas en un altar del museo de la memoria de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep). PAUL GAMBIN PARA LE MAGAZINE DU MONDE
Durante estos raros juicios, las familias se enfrentaron a soldados silenciosos. “Lo negaron y no recordaban nada”, asevera Rubén Arotoma Tucno, cincuentón, aspecto imponente, facciones marcadas. El hombre, cuyos dos padres fueron detenidos y luego desaparecidos cuando él tenía 22 años en la región de Ayacucho, asistió al juicio de los responsables en Lima en 2017 y luego a una reconstrucción de los hechos con los fiscales. “Si me llevan allí, hablaré”, hizo creer el soldado durante el juicio. “Pero, una vez allí, no quiso soltar nada, no indicó nada para ayudar a localizar los cuerpos”, dice Rubén Arotoma Tucno.
Por el caso Los Cabitos, seis altos mandos militares fueron juzgados por crímenes de lesa humanidad, por tortura y asesinato de 54 personas, en 2017. Hechos que corresponden únicamente al año 1983. En dos casos, la Corte reservó su decisión para los supuestos “ demencia senil” del acusado. Dos fueron absueltos y dos fueron condenados a veintitrés y treinta años de prisión, pero las sentencias nunca se ejecutaron. El día del juicio, estos dos soldados no aparecieron. Prefirieron huir: uno murió en México unos años después.
Arrojado entre los perros y devorado
Las búsquedas son interminables, los padres mueren sin saber nunca nada de lo que les pasó a sus hijos. Algunos cuerpos encontrados están demasiado dañados para ser identificados. El hecho de no tener acceso a ninguna información ni poder enterrar los cadáveres genera secuelas psicológicas entre los familiares de los desaparecidos: la CVR les dio un nombre, “alteración del duelo”. Quienes lograron recibir la noticia exigen una indemnización por los daños sufridos.
Una camiseta que perteneció a Felipe Huamán Palomino, esposo de Lidia Flores, descubierta junto a los restos de su cuerpo en Los Cabitos.
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Lidia Flores encontró los restos de su marido, tirados entre los perros y devorados. “Crié sola a mis seis hijos. No tuve el valor de decirles la verdad sobre la desaparición de su padre: les hice creer que se había ido a trabajar a Lima. Lo supieron por el barrio, años después. Para mí no hay justicia, no tenemos respuesta ni reparación digna. ¿Cuántos huérfanos han quedado en la indigencia, nunca han podido estudiar y vivir? y viven en la pobreza? »
El programa de reparación económica establecido en 2011 por el Estado paga 10.000 soles (2.520 euros) a las víctimas. Una cantidad a repartir entre miembros de una misma familia. “¿Es esto lo que valen las vidas de nuestros hijos o de nuestros maridos? », pregunta amargamente Adelina García Mendoza.
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La construcción del Santuario de la Memoria, donde se erigirán tumbas simbólicas, aporta una apariencia de serenidad a estas mujeres y sus familias. Les gustaría poder colocar allí un ramo de flores para hablar con sus difuntos. “Los cementerios de los Andes son lugares de encuentro de familias”, afirma Juana Carrión Jaules, una de las primeras mujeres de la asociación en solicitar la creación de este santuario, hace casi veinte años.
“Venimos a hacer ofrendas y a veces a tomar un vaso de chicha [bebida popular hecha a base de maíz fermentado], comer algo o tocar música. » Quizás también coloquemos allí palabras, como la escrita en una cartulina de vivos colores por una madre a su hijo de 18 años y llevada a la asociación de familiares de desaparecidos, durante las conmemoraciones de sus 40 años, 4 de septiembre de 2023. “Hijo mío, ya somos viejos, pero, con tu padre, todavía tenemos la esperanza de encontrarte. Mi corazón ha estado vacío desde el día en que desapareciste. Rara vez me visitas ahora en mis sueños, pero te extraño. Hijo mío, espero tener noticias tuyas para poder finalmente encontrar la paz. »
Las obras del Santuario de la Memoria, contiguo al antiguo cuartel de Los Cabitos, en agosto de 2023.
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En Perú, el luto imposible por los desaparecidos de Los Cabitos
Por Amanda Chaparro (Ayacucho (Perú), corresponsal especial)
01.10.2023
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