Fuente: https://elcomercio.pe/peru/vida-cerro-pino-temidos-lima-414963?foto=2
Desde hace algunos años, la inseguridad ciudadana es percibida como uno de los principales problemas del país, lo que lo ha llevado a los círculos académicos no solo a estudiar y discutir la naturaleza del fenómeno, sino también a generar una dinámica propositiva. Sin embargo, al revisar los indicadores disponibles sobre seguridad ciudadana, constatamos que las medidas implementadas por el Estado siguen siendo insuficientes para mitigar el problema y a pesar de las recomendaciones que nos deja la Academia, siguen primando dentro de las políticas públicas, las medidas represivas, más conocidas como de “mano dura”.
En este escenario, una perspectiva que viene ganado auge en la región y se promueve como una estrategia exitosa por sus referentes internacionales, es la del mejoramiento urbano para crear mejores condiciones de seguridad (Miranda y Gutiérrez, 2016). La estrategia parte de la premisa teórica de que ciertos principios sociales y espaciales inciden directamente en la situación delictual y de temor en un territorio. La estrategia de mejoramiento urbano propone recuperar el espacio público ejecutando acciones de rehabilitación que buscan modificar el entorno físico, con el objetivo de reducir oportunidades para la comisión de delitos (prevención situacional) y recuperar espacios de encuentro, generar cohesión social, empoderamiento y convivencia comunitaria (Maray, s/f.). ¿Deben nuestros funcionarios reparar y mejorar el alumbrado público, intervenir y transformar los espacios degradados para hacerlos más habitables? ¿Reduce la vulnerabilidad social y la ejecución de delitos? A continuación presentamos un caso comparado que nos ilustra un poco más sobre esta estrategia.
En México, desde el 2013, se viene implementando el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED 2013 – 2018). Son tres los municipios beneficiados. Al revisar el análisis del PRONAPRED 2014 se encontró que la segunda acción más costosa fue una medida denominada “Proyecto de movilidad segura alternativa” y comprendía la rehabilitación de banquetas, rehabilitación del alumbrado público y rehabilitación de las condiciones de las veredas. La evaluación señalaba que este tipo de acciones respondían a necesidades específicas, así como al tipo de actividad delictiva y, sobre todo, no tenía un impacto en la reducción de la inseguridad (Chapa y Ley, 2015). La misma evaluación encontraba que la iluminación puede favorecer en ocasiones la identificación de las víctimas por parte de los agresores, lo que terminaba generando más situaciones de violencia (Chapa y Ley, 2015).
En nuestro país, uno de los casos más emblemáticos del mejoramiento urbano se desarrolló en El Agustino y La Victoria, donde a diferencia de su par mexicano, se lograron resultados alentadores. La experiencia inició el 2014 con un proyecto piloto en el Cerro El Pino que posteriormente se extendió al Cerro San Pedro, San Cosme, El Porvenir y Renovación que se encontraban en un estado de degradación y proliferación de delincuencia. La medida fue implementada por la División Territorial Centro 2 y buscó incidir sobre dos ejes. Por un lado, se recuperaron espacios públicos en los distintos cerros y las zonas degradadas de ambos distritos. Se construyeron losas deportivas, se recuperaron las áreas verdes, se pintaron las casas y se mejoró la iluminación. A la par de la implementación de estas medidas, la División Territorial Lima Centro 2[1] empoderó a la población del lugar, fortaleció a las juntas vecinales y su labor principal consistió en vigilar la zona y generar un clima de vigilancia natural. Eran los ojos de la calle. Esta medida hizo que el registro de la delincuencia se reduzca en 80% según las estadísticas policiales de denuncias tomadas del SIDPOL. La experiencia fue positiva, ganando el 2015 el premio a las buenas prácticas otorgado por Ciudadanos al Día.
Estos ejemplos con características similares nos llevan a preguntarnos ¿qué se hizo en el Perú para lograr resultados diferentes? Las evidencias nos llevan a concluir de manera preliminar que México priorizó la implementación de políticas de mejoramiento de diseño urbano (como equipamiento o embellecimiento) omitiendo estrategias dirigidas a hacer que el espacio público permita la construcción de confianza interpersonal, reconstrucción del tejido social y el reforzamiento comunitario. Mientras que, en el caso peruano, ambas aristas fueron implementadas con el mismo grado de importancia. En tal sentido, para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana parece necesario incorporar el conocimiento y estudio del territorio, sobre todo cuando la inseguridad y el miedo se concentran en conglomerados específicos. Esta experiencia parece indicarnos que para romper con las oportunidades del delito y los miedos es necesario no solo implementar políticas de control sino también políticas de mejoramiento y recuperación del espacio público.
Bibliografía
Chapa, Lilian y Ley, Sandra (2015). Prevención del Delito en México: ¿cuáles son las prioridades? México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas.
Maray, Norma (s/f.) Intervención urbana en los espacios públicos. Peñalolén Crece Bien – Seguridad Ciudadana.
Miranda, C. y Gutiérrez, J. (2016). Políticas urbanas en Espacios públicos con enfoque de seguridad ciudadana: el caso del Municipio de Toluca, México. Universidad Autónoma del Estado de México, 1-20.
México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas. Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED 2013 – 2018).
[1] Comprende los distritos de El Agustino y La Victoria.
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